Durante décadas, las comunidades indígenas han cohabitado con sistemas de gobierno que -entre comillas- respetan los derechos de los pueblos indígenas, sin dejar de marginarlos en el ejercicio del poder público, el reparto equitativo del presupuesto y la aplicación de las políticas públicas. Bajo esa premisa, los pueblos indígenas han sido sujetos a políticas públicas diseñadas por sistemas que no corresponden a sus modelos de organización y muchas veces ni a sus necesidades, que sumado a una serie de condiciones más, los condenan a la pobreza, a la falta de oportunidades y a ser incivilizados por la discriminación que prevalecía en el servicio público.
En Michoacán, en abril del 2011, Cherán fue el primer pueblo que tradujo un reclamo de seguridad en un movimiento político de libre autodeterminación, luego, en el año 2016 inició un proceso de transición al autogobierno y acceso al presupuesto directo. Gracias a su ejemplo, en 2021 pudimos establecer en la ley, las bases del derecho al autogobierno, evitando las batallas judiciales complejas y avanzando en una nueva relación de reconocimiento de los pueblos indígenas como el cuarto orden de gobierno. Doce años después del levantamiento de Cherán, estamos aquí, reformulando una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, reflejado en la transición de las comunidades indígenas hacia el autogobierno y el ejercicio del presupuesto directo.
En esta administración, hombro a hombro, construimos un nuevo modelo de relación incluyente, basado en el reconocimiento y respeto de nuestros pueblos indígenas que impulsa el desarrollo y el ejercicio de su autonomía, estableciendo un hito en la historia respecto al ejercicio del poder público.
Michoacán, es el ejemplo de una nueva transformación movida por la justicia, el amor y el derecho de todas y todos a ser felices, una transformación que estoy seguro, quedará marcada en la historia de nuestro país.